Translated by Luis Rodrigálvarez
José Hernández Pérez, hondureño de 36 años, llevaba viviendo en el Centro de Procesamiento ICE Pine Prairie de la zona central de Luisiana unos tres meses, cuando algunas personas de su dormitorio, de un total de 40, empezaron a enfermarse a mediados de julio.
Pérez tenía dolor de pecho y dolores de cabeza. Cuando fue examinado por un médico le dijo que tenía la presión arterial alta.
“Había mucha gente tosiendo”, recordó. “Tenían dolores y estaban acostados en la cama”.
Algunos de los que se sentían enfermos y que trabajaban en la cocina del centro de detención no querían hacerse la prueba de COVID-19, dijo Pérez, por temor a que dejaran de realizar la única tarea que les pagaba un poco de dinero, para luego poder comprar en el economato del centro.
En una acción poco frecuente para una instalación bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, o ICE, el personal terminó haciendo pruebas no sólo a aquellos con síntomas en el mismo dormitorio con Pérez, sino a las más de 300 personas del centro, según las autoridades del centro. Desde que comenzara el brote de la pandemia del coronavirus, ICE habitualmente sólo ha requerido la realización de pruebas a aquellos con síntomas, a pesar de la creciente opinión de que los casos asintomáticos pueden representar hasta el 40 por ciento de los afectados.
Entre el 19 y el 20 de julio, el número de casos registrados de COVID-19 en Pine Prairie saltó de tan sólo dos a 32. Pérez estaba entre los que dieron positivo.
Homero López dijo que empezó a recibir llamadas un domingo por la noche poco después de que el personal comunicara a los detenidos que habían contraído COVID-19; cinco días después de que los detenidos dijeran que se les había hecho la prueba y luego les confinaron en su dormitorio. López es un abogado de inmigración con clientes en Pine Prairie que también está ayudando a Pérez a encontrar representaciones para solicitar la libertad condicional.
Él cree que el número real de enfermos en el centro podría ser mucho mayor. Mientras esperaron por varios días a conocer los resultados de las pruebas, tanto Pérez como los demás siguieron en sus dormitorios, lo que significa que los que estaban enfermos podrían seguir contagiando el virus a cualquier otro que no lo tuviera, dijo López.
Este brote no es el primero en las instalaciones de ICE; otros han sido afectados en Texas, Arizona y Virginia. La COVID-19 se ha propagado rápidamente en los espacios reducidos de los centros de detención donde los abogados y los detenidos dicen que el distanciamiento social es imposible y que los suministros de seguridad son escasos. Más de 4.000 detenidos en todo EE. UU. han dado positivo. ICE ha registrado tres muertes de detenidos.
Ha habido demandas que piden la liberación de los que tienen un alto riesgo, incluyendo a 16 inmigrantes detenidos en las instalaciones de Luisiana, una medida que algunos expertos en salud pública dijeron que podría prevenir brotes más numerosos. Las autoridades dicen que el número de detenidos en ICE ha disminuido en un 40 por ciento desde marzo, hasta aproximadamente un total de 21.500. A esto contribuyó la deportación de miles de inmigrantes, incluyendo aquellos que tenían COVID-19, según una investigación del New York Times y el Marshall Proyect.
Sin embargo, a pesar de la dramática disminución de detenidos, la COVID-19 sigue extendiéndose en los centros de detención. Y mientras la pandemia entra en su sexto mes, las denuncias del brote de Pine Prairie este verano muestran que la agencia está aún luchando por hacer cumplir las precauciones de seguridad más básicas.
“Temo por mi vida en este lugar”
El Centro de Procesamiento ICE Pine Prairie consiste en un conjunto de edificios largos y bajos en forma de herradura, situados en una zona rural. Se encuentra en la Parroquia de Evangeline, a unas tres horas al noroeste de Nueva Orleans, donde la tasa de pruebas positivas de coronavirus es casi el doble que la media estatal. La Parroquia de Evangeline es parte de la Región 4 del Departamento de Salud de Luisiana, uno de los puntos más álgidos de esta pandemia en todo el estado.
Hay nueve centros de detención ICE en Luisiana, la mayoría de ellos, como Pine Prairie, están agrupados en el centro del estado. Pine Prairie está dirigida por GeoGroup, una empresa privada que emplea a 3.700 personas en las instalaciones de ICE y que ha realizado pruebas de COVID-19 a menos de 1.000 personas hasta primeros de julio, según George Zoley, el presidente y director ejecutivo.
Aproximadamente una semana antes del brote, Zoley testificó ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EE. UU. y fue aplaudido por como su compañía ha gestionado la pandemia.
“Los suministros de limpieza y productos de higiene específicos de COVID-19 han estado continuamente disponibles en todas las unidades”, dijo Zoley a los legisladores. “A todos los detenidos y empleados se les suministran máscaras”.
Dijo que el personal recibe entrenamiento sanitario antes de cada turno. Los funcionarios del ICE también han defendido repetidamente lo que describen como “extensas precauciones ” contra la COVID-19 y dijeron que la agencia se adhiere a las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés).
Pero las entrevistas con cuatro diferentes detenidos que dieron positivo durante el brote, sugieren un escenario dramáticamente diferente. Describen una limpieza irregular, el uso esporádico de equipo de protección y unas medidas de cuarentena ineficaces, que son aplicadas vagamente por los guardias.
Pérez dijo que él y otros que dieron positivo fueron colocados en unas celdas de aislamiento en grupos de entre siete y nueve personas, y retenidos durante poco más de una semana antes de ser enviados de vuelta a los dormitorios, a pesar de que algunos todavía se quejaban de tener síntomas. Durante ese tiempo, un guardia en contacto con ellos, se quitó la máscara.
“Le pregunté por qué no llevaba guantes”, dijo Pérez. “¿Por qué se quitaba la máscara cuando hablaba con nosotros? Su respuesta fue que lo sentía, como siempre dicen: I’m sorry“.
Francisco Saballos, que es de Nicaragua, dijo que había sido golpeado y asfixiado cuando fue arrestado en una gasolinera en la parroquia de San Carlos antes de ser enviado a Pine Prairie. Él también dio positivo, y le preocupaban las complicaciones por su edad.
“Yo tengo 55 años y temo por mi vida en este lugar porque aquí no tenemos ninguna distancia social”, dijo Saballos.
Cuando todavía estaba en aislamiento, los guardias lo llevaron a las cabinas telefónicas para que llamara a su abogado y lo dejaron durante una hora rodeado de gente que no había dado positivo en la prueba de COVID-19, dijo Saballos.
Algunos detenidos dijeron que los guardias usaban máscaras con más frecuencia, las semanas posteriores al brote, pero no todos, y que a los detenidos se les daba una máscara nueva una vez cada dos semanas.
Renier Acosta Hernández, un cubano de 41 años que padece de asma también dio positivo a la prueba de COVID-19. Dijo que tuvo fiebre y dolores en su cuerpo, y aún seguía sintiendo algunos de los síntomas días después de haber regresado al dormitorio, sin una segunda prueba de COVID-19. Le preocupaba el seguir exponiéndose al virus, ya que por su condición de asmático podría ser aún más peligroso para su salud. Como los demás, pensó que el centro y los guardias no estaban haciendo lo suficiente para mantenerlos a salvo.
“Ellos entran como quieren. Y todos los días cambian, son diferentes”, dijo Renier, describiendo que el personal rotaba a menudo. “Y ellos no se cuidan de eso. Ni nos cuidan a nosotros tampoco”.
Los hombres describen que la limpieza y desinfección es habitualmente mínima en los dormitorios, incluso después del brote. Lázaro Siberio Perez dijo que los dormitorios estaban siendo limpiados por los detenidos sólo con agua, y que al personal no les daba jabón o productos químicos para limpiar.
“Aquí hace tiempo que no nos dan jabón [de manos]”, dijo Perez, un cubano de 28 años. “Nosotros tenemos jabón que compramos con nuestro dinero en la comisaría”.
Los detenidos no son los únicos que se preocupan de como gestiona su seguridad el ICE. En un relato de unos informantes sobre las condiciones del Centro Correccional de Richwood publicado los mismos días en que ICE testificaban ante el Congreso, un grupo de oficiales de detención, en activo y antiguos, describieron la escasez de equipos de protección personal, la escasez de personal, los protocolos que requieren que sigan trabajando mientras esperan los resultados de la prueba COVID-19 y la falta de salario renumerado en caso de enfermedad si la prueba es positiva.
En Richwood, a dos horas al norte de Pine Prairie, los informantes dijeron que los detenidos que habían dado tanto positivo como negativo a la prueba de COVID-19 estaban siendo trasladados juntos, que los detenidos positivos estaban confinados en el mismo espacio que los que tenían tuberculosis y que los detenidos que tenían fiebre habían sido deportados. Un oficial dijo que para los detenidos que iban a ser deportados, se había dado órdenes al personal que pusiera el aire acondicionado en marcha para “congelarlos” de manera que no mostraran signos de tener fiebre.
Las conocidas incógnitas de los datos del ICE
Para los detenidos en Pine Prairie, no está claro cómo entró el virus en el centro, pero todo apunta a que haya provenido por las personas que son transferidas dentro y fuera del centro, o por los guardias que entran y salen a áreas con una tasa de casos positivos de COVID-19 cada vez más alta.
Lara Nochomovitz vive en Jena, a una hora al norte de Pine Prairie, ella acoge en su casa a los detenidos del ICE recién liberados de las instalaciones circundantes que necesitan un lugar donde ir por una o dos noches, o que necesitan su ayuda para encontrar el camino de regreso a su casa. Su trabajo oficial es abogada de inmigración, y dijo que uno de los hombres que liberaron y ella acogió, tenía COVID-19. Otro cliente fue transferido durante el verano junto con 30 o 40 personas a Luisiana desde Florida, después de que el número de casos de COVID-19 se dispararan en ese estado.
“¿Por qué traes aquí a alguien desde Florida?”, preguntó ella.
Encontrar la fuente del brote de un virus tan extendido y contagioso puede ser una tarea muy difícil en la mayoría de los entornos, pero es particularmente difícil en las instalaciones del ICE donde algunos críticos dicen que las condiciones no sólo son ideales para que se propague la enfermedad, sino que los procedimientos de recopilación de datos son ideales para ocultar el origen de esa posible fuente.
Hasta el 11 de agosto, el ICE dijo que contaba con 4.444 casos. Según un estudio del Instituto de Justicia Vera, es probable que el número real de casos de COVID-19 en las instalaciones de detención hasta el 15 de mayo no fuera de 986, como informó el ICE, sino más bien de 15.549, unas 15 veces más.
La estimación proviene de un modelo publicado por el investigador de Vera que en junio evaluó el número de casos detectados de COVID-19 que informa el ICE, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido de la capacidad del virus para propagarse sin ser detectado. El modelo comienza con el paciente cero el 17 de marzo, una semana antes de que el ICE informara de un primer caso de un detenido con COVID-19, el probable período de incubación desde que esa primera persona se infectó hasta que dio positivo.
Las investigaciones usaron el historial sobre cómo ICE transfiere los detenidos y el número de personas registradas al día por ICE. Crearon el modelo a través de 500 simulaciones y tomaron la mediana de los resultados para mostrar que la tasa de pruebas de COVID-19 de ICE constituye una enorme falta de casos entre los detenidos. Incluso los datos en el extremo más bajo de las simulaciones de este modelo muestran miles de casos más de los que han sido reportados por el ICE.
Nina Siulc, la directora de investigación de Vera advirtió que en realidad es “una estimación cautelosa usando los mejores datos a nuestra disposición”. Por ejemplo, el modelo no incluye la probabilidad de que un guardia pase la COVID-19 a un detenido, o viceversa, señaló: Sólo estima la tasa de propagación viral entre los propios detenidos.
“No obstante, encontramos que no hay ninguna posibilidad que lo que ICE está informando al público pueda ser la verdadera historia de COVID dentro de los centros de detención”.
Noelle Smart, una de las investigadoras que trabajó en el modelo, describe los datos de ICE que publica en internet como cualquier cosa menos ideal. La conclusión más obvia que presenta el modelo de Vera es que ICE está realizando muy pocas pruebas, dijo ella.
Pero la agencia sólo informa del número actual de personas detenidas, no el total de los detenidos desde que comenzó el brote. Eso hace que sea imposible calcular la tasa del virus incluso dentro del numero conocido de la población detenida. El ICE tampoco recoge datos sobre los empleados de las compañías que contrata para dirigir sus instalaciones, lo que significa que no recoge ningún dato sobre el personal de las instalaciones de detención del ICE en Luisiana. Fue un periodista de Mother Jones quien reveló a finales de abril que dos hombres que trabajaban en el Centro Correccional Richwood habían muerto de COVID-19.
Los datos tampoco describen cuándo o a dónde se transfieren los detenidos positivos de COVID-19. No desglosa las pruebas generales por centro, sólo el número de pruebas positivas. Y no revela nuevas pruebas a lo largo del tiempo, haciendo difícil detectar el brote del virus, a menos que, como hace Vera, se escarbe en los datos del ICE periódicamente durante el día.
Los gráficos que utilizan la información proporcionada por Vera muestran brotes anteriores en varias instalaciones de Luisiana antes de que el virus afectara a Pine Prairie: en Richwood a finales de abril y principios de mayo, en el Centro Correccional de Winn a mediados de mayo, y tres brotes en el Centro Correccional de Catahoula a mediados de mayo, mediados de junio y principios de julio.
La falta de supervisión
El Dr. David Holcombe tiene muchas responsabilidades, todas ellas íntimamente relacionadas con la prestación de servicios de salud en el centro de Luisiana, mayormente una zona rural.
Holcombe es el vicepresidente de la junta de Community HealthWorx, una clínica gratuita en Alexandria donde también es voluntario. Es lo que se denomina un “cirujano civil”, lo que significa que está aprobado por el gobierno de EE. UU. para realizar exámenes médicos a los detenidos y rellenar los papeles de inmigración que determinan su salud física. Holcombe dijo que es el único cirujano civil en el centro de Luisiana, y por esa razón, muchos inmigrantes detenidos vienen a su clínica para los requeridos exámenes.
También es el director de la Región 6 del Departamento de Salud de Luisiana, donde se encuentran seis instalaciones del ICE, que acumula a los dos tercios del total del estado. A través de su trabajo como cirujano civil, Holcombe conoce bien Pine Prairie. El centro de detención está lo suficientemente cerca de su clínica comunitaria como para que a menudo las personas allí detenidas terminen en su clínica. Visitó Pine Prairie unas cuantas veces en las últimas semanas para examinar a un cliente del Southern Poverty Law Center y para completar los exámenes necesarios para las audiencias de inmigración.
“Me pongo mi PPE (equipo de protección personal) cuando entro allí, y al salir me lo quito y lo guardo en una bolsa especial, y luego uso mi Purell y todo eso”, dijo Holcombe. “Así que yo tomo mis precauciones porque soy viejo y no quiero caer enfermo y morir”.
“Es difícil mantener un centro aglomerado completamente libre de COVID”, reconoció.
Pero Holcombe dijo que los protocolos de COVID-19 en los centros de detención están muy lejos de las pruebas rigurosas y la limpieza que existe en otros centros también aglomerados y conocidos por propagar el virus: los asilos.
“Hay que hacer pruebas a todos a los individuos sintomáticos y asintomáticos si se quiere tener una idea de cuántos casos de COVID hay en esas instalaciones, además hay que hacer pruebas también a todo el personal”, dijo. “Y eso no se debe hacer sólo una vez, se debe hacer con regularidad”.
El estado exige a los asilos que hagan pruebas a todos los residentes y empleados, semanalmente. (Pero incluso así, cientos de empleados de asilos se han negado a hacerse la prueba, según un nuevo informe de la Associated Press).
Un detenido en un centro de ICE le dijo que debido a que muchas personas no querían ser puestas en aislamiento, “probablemente el 50 por ciento de las personas se negaron” a realizar las pruebas de COVID-19.
Durante el brote de Pine Prairie, los hospitales locales de la región pudieron gestionar a los pacientes, dijo. Pero sólo hay dos hospitales suficientemente grandes en el centro de Luisiana, y “últimamente, han llegado a su máxima capacidad con las personas que esperan en la sala de emergencias durante varios días para ser admitidos”, dijo Holcombe en un correo electrónico posterior. Ahora “están trabajando a toda máquina”, lo que significa que un nuevo brote significativo en un centro del ICE podría desbordar los recursos de salud locales que ya se encuentran al límite.
A pesar de estar a cargo de gestionar la pandemia de coronavirus en su área, Holcombe no tiene ninguna autoridad sobre los centros de detención del ICE.
“Como estas instalaciones están bajo un contrato del gobierno federal, no podemos entrar en ellas como lo haríamos en un asilo de ancianos”, me dijo. “Y el verdadero problema es que su supervisión, en mi opinión, parece ser muy poco estricta”.
“Parece que tienen mucha autonomía”, añadió. “Y hay una enorme presión financiera para que la gente no sea liberada “.
A los centros de detención se les paga por detenido y por día, y dichos pagos pueden acumular decenas de miles de dólares diarios.
Holcombe ha escrito que Luisiana necesita “vigilar constantemente la industria penitenciaria de inmigración con fines de lucro para evitar convertirse una vez más en la capital carcelaria de los EE. UU., una designación siniestra de verdad”.
Holcombe dijo que GeoGroup ha permitido que el personal del departamento de salud local realice algunas pruebas a su personal. No ha habido la misma cooperación con LaSalle Corrections, la otra gran empresa privada que dirige las instalaciones de ICE en Luisiana, incluyendo el centro de Richwood donde dos empleados murieron.
“Es muy, muy difícil obtener cualquier tipo de información, cooperación o diálogo” dijo Holcombe de la dirección de LaSalle. “De hecho, he llamado a su director médico varias veces y esta persona se ha negado a devolverme las llamadas”.
Según los datos del ICE, Pine Prairie todavía tiene 33 detenidos positivos con COVID-19, que están bajo supervisión, a pesar de que aquellos como Siberio, de 28 años de edad, de Cuba, fueron enviados de vuelta a sus dormitorios. No está claro si ese número representa nuevos casos, o si el ICE simplemente no ha actualizado sus datos.
“¿Te lo puedes imaginar? Tengo miedo de morirme aquí solo”.
Cuando hablé con estos hombres, me llamaron a cobro revertido desde teléfonos públicos con una mala conexión que se entrecortaba, esperaron una larga cola para poder contarme sus vivencias, una tras otra, durante toda una mañana y con la ayuda de un intérprete. Antes de colgar, le pregunté a Siberio, el último en llamarme, sobre su mayor temor.
“Bueno, que no tenemos atención médica, de eso tengo miedo. ¿Te lo puedes imaginar? Yo soy hijo único y mi mamá está en Cuba ¿y si yo me muero aquí solo? Eso es lo que más me preocupa”.
A pesar de las dificultades, Luisiana ha demostrado que puede eliminar COVID-19 de lugares aglomerados, si se utilizan las herramientas adecuadas.
“Tienes que hacer pruebas frecuentes al personal, pruebas obligatorias, y entonces lo controlarás”, dijo Holcombe. “Lo hemos demostrado con los asilos, así que ¿por qué deberíamos tratar a la población carcelaria con menos rigor y eficacia que a los pacientes de los asilos?”
Se pregunta, ¿los consideramos menos importantes? “Tendrás que sacar tus propias conclusiones”. Pero él piensa que la situación se podía resumir con una frase en latín: res ipsa loquitur. Que significa: “La cosa habla por sí misma”.
Luis Rodrigálvarez ha servido como intérprete en las entrevistas y ha traducido esta historia.
